Así lo afirmó la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Adriana Chapperón tras la presentación de los resultados de un estudio de Costos Sociales de la Siniestralidad Vial realizado por el Observatorio provincial en Conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

El estudio tomó como objeto los siniestros viales ocurridos en la provincia durante 2019. Estos ascendieron a un total de 215 con 9 víctimas fatales y más de 300 heridos entre graves y leves y el costo social ascendió a más de 650 millones de pesos.

En ese sentido, la ministra de Gobierno afirmó que “contar con las estimaciones de los costos asociados a los siniestros viales ocurridos en la provincia posibilita que las inversiones en seguridad vial se utilicen para la reducir la cantidad de víctimas”.

Para la estimación de los costos sociales se analizaron 5 variables, los costos humanos, los médicos, por pérdida de productividad, de daños a la propiedad y por último los administrativos. Cada una de ellas con las distintas características propias para su cuantificación.

“Aplicar políticas preventivas para mitigar las consecuencias de la siniestralidad vial es el objetivo que tenemos como gestión, es por esto que este tipo de informes nos posibilita cuantificar tanto las pérdidas humanas como económicas, las cuales pueden ser reducidas drásticamente utilizando la prevención”, concluyó Chapperón.