La justicia investiga una denuncia contra integrantes de un directorio anterior, en el Laboratorio del Fin del Mundo, por la incineración de 2,6 millones de dólares en medicamentos vencidos contra el HIV-Sida.
El Laboratorio del Fin del Mundo es una sociedad anónima, creada por la provincia de Tierra del Fuego y con participación estatal mayoritaria. La actual comisión directiva del laboratorio denunció ante la Justicia a integrantes de un directorio anterior del organismo por la incineración de 2,6 millones de dólares en medicamentos vencidos contra el HIV-Sida.
Según informaron desde fuentes judiciales, los directivos del LFM revelaron que en la gestión anterior se compraron 67 mil frascos del medicamento Atazanavir 300 mg con el objetivo de concluir su producción en el laboratorio y luego venderlos al Ministerio de Salud de la Nación, en el marco de un convenio suscripto en 2018 para la provisión de remedios a través de un programa federal de asistencia a enfermos de HIV.
En noviembre de ese año se adquirieron “67.008 botellas de Atazanavir 300 mg. a un valor de 55 dólares cada una, totalizando 3.685.440 dólares”, pero el 72% de esos medicamentos se vencieron e incineraron, produciendo una pérdida de 2.654.960 dólares, según informa la denuncia judicial.
Marcela Andina Sil, la presidenta del LFM, explicó que en 2018 la sociedad adquirió dos lotes de unos 60 mil frascos de Atazanavir al laboratorio Bristol Myers Squibb “Por el primero se pagaron 4,2 millones de dólares y se vendieron a la entonces Secretaría de Salud de la Nación por 3,8 millones, es decir que se trató de una operación a pérdida objetada por el Tribunal de Cuentas de la provincia que condenó a los ex directivos al pago solidario de ese perjuicio”, sostuvo Andina.
También agregó que, con posterioridad, las autoridades nacionales avisaron que dejarían de adquirir el remedio porque “de acuerdo a informes de entidades internacionales, se estaba dejando de prescribir a pacientes con HIV y se lo estaba reemplazando por otras drogas”.
“Igual se volvieron a comprar 66 mil frascos más a sabiendas de que el Ministerio de Salud ya no iba a adquirirlos. Cuando asumimos nosotros en 2020, los frascos tenían vencimiento próximo. Hicimos gestiones para devolverlos, o venderlos a otros clientes, pero la realidad es que eso ocurrió con muy poca cantidad y la mayoría tuvo que ser incinerada, generando el perjuicio del que hablamos”, señaló la titular del laboratorio público.
La demanda judicial entablada por las actuales autoridades del organismo, a instancias de un dictamen de la Secretaría Legal y Técnica del gobierno provincial, dio origen a la causa 29.169 que tramita en el juzgado Civil Nº2 de la ciudad de Ushuaia, a cargo del juez Gustavo González, precisaron voceros judiciales.