Para el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender los comicios en las provincias de San Juan y Tucumán genera un antecedente peligroso.

El gobernador de Tierra del Fuego AeIAS, Gustavo Melella, expresó duras críticas hacia la Corte Suprema de Justicia por la suspensión de las elecciones en las provincias de San Juan y Tucumán previstas para el próximo domingo. Para Melella, la medida es una «intromisión» de la Justicia en la vida «institucional y democrática del país» que establece un «antecedente muy peligroso».

Según el mandatario provincial, la Corte Suprema ha dejado en evidencia su intromisión en la vida institucional del país al hacer lugar a un insólito pedido de la oposición que «ya no sabe a qué recurrir ante sus propias limitaciones». Melella considera que la medida es claramente política y que el máximo tribunal de justicia del país se muestra funcional a estas maniobras, dando la espalda a millones de argentinos y argentinas.

“Una vez más, la Corte Suprema ha dejado en evidencia su intromisión no ya sobre los otros dos poderes de la República, sino en la vida institucional de nuestro país”, consideró Melella.

El gobernador de Tierra del Fuego enfatizó en el pedido de respeto al funcionamiento institucional y responsable de los tres poderes del Estado, que constituyen la máxima garantía de una Nación representativa, republicana y federal. Melella señaló que la decisión de la Corte Suprema es un avasallamiento al proceso democrático y a la decisión soberana de los pueblos.

“Ante este nuevo avasallamiento en el proceso democrático y la decisión soberana de los pueblos, insistimos en el pedido de respeto al funcionamiento institucional y responsable de los tres poderes del Estado, máxima garantía de una Nación representativa, republicana y federal”, aseguró el mandatario.

La suspensión de las elecciones en San Juan y Tucumán ha generado una gran controversia en Argentina. La oposición había solicitado la postergación de las votaciones por motivos sanitarios, debido al aumento de casos de COVID-19 en ambas provincias. La medida fue aceptada por la Corte Suprema de Justicia, lo que generó la crítica de distintos sectores políticos y sociales.