Este miércoles, el gobierno encabezado por Javier Milei se enfrentará a su primera prueba con la movilización planeada en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Esta manifestación marcará la implementación práctica del protocolo anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el objetivo de evitar cortes en el orden público.

Más de 250 organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicales, estudiantiles y ambientalistas llevarán a cabo una marcha desde el Congreso nacional hasta la Plaza de Mayo en conmemoración de un nuevo aniversario del estallido social de 2001, que culminó con la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa.

La ministra Bullrich había anunciado el protocolo para el mantenimiento del orden público, generando rechazo tanto a nivel político como de organizaciones locales e internacionales. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clément Nyaletsossi Voule, expresó su preocupación, destacando que «silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales».

Bullrich defendió la medida, insistiendo en que las organizaciones sociales podrán manifestarse, pero sin bloquear vías de circulación. Las fuerzas federales podrán intervenir en caso de delitos flagrantes, según la ministra, y el protocolo incluirá la identificación de quienes corten arterias, la aplicación de leyes con posibles penas de prisión y el cobro de gastos derivados de la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que infrinjan la normativa.

Pese al anuncio oficial, las organizaciones sociales han decidido mantener la movilización bajo consignas como «Abajo el plan motosierra de ajuste de Milei y el FMI», «No al protocolo de Bullrich. Ni represión ni criminalización» y «Por un paro activo nacional y un plan de lucha».

Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, anticipó que los abogados de las organizaciones presentarán una acción judicial contra el protocolo, considerándolo un intento de «prohibir las movilizaciones populares».

En este contexto, diversos organismos, como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Consejo Federal de Mecanismos Locales, han expresado su oposición al protocolo y su disposición a trabajar en directrices para el uso racional de la fuerza por parte de los agentes públicos.

La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también se han manifestado en contra, destacando que «cortar las calles no es delito». Mientras tanto, el cruce de opiniones entre diputados nacionales añade tensión al escenario político, evidenciando la polarización en torno a la nueva normativa de seguridad.