Milei anunció hoy la implementación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) compuesto por 366 artículos, que busca llevar a cabo una profunda desregulación económica, un «plan de estabilización de shock» y la derogación de múltiples leyes. Durante un mensaje transmitido por cadena nacional.
El primer artículo del DNU 70/2023 declara la «emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025». En su segundo artículo, se establece la «desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional», otorgando al Estado el poder de promover «un sistema económico basado en decisiones libres».
El presidente destacó que «quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda».
Además, el DNU contempla la derogación de la ley de Alquileres y de la ley de Abastecimiento, entre otras disposiciones. Milei subrayó la eliminación de normativas que «impiden la privatización de empresas públicas» y del «régimen de sociedades del Estado», buscando la «transformación de todas las empresas del Estado para su posterior privatización».
Entre las medidas anunciadas se encuentran la «transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización» y la «Modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino». También se prevén modificaciones al marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales, eliminando restricciones de precios a la industria prepaga y incorporando estas empresas al régimen de las obras sociales.
Milei, acompañado por su gabinete, enumeró «30 de las más de 300» reformas, medidas y derogaciones que incluye el DNU, destacando la intención de «comenzar la reconstrucción del país». Anunció la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar un paquete de leyes cuyo contenido aún no ha sido revelado, desafiando a los legisladores a ser parte de «este cambio u obstruir el proyecto de reformas más ambicioso de los últimos 40 años».

