La Cámara Federal porteña ha ordenado este viernes la reapertura de una investigación sobre las responsabilidades del gobierno de Nicolás Maduro en crímenes y violaciones de derechos humanos ocurridos en Venezuela. El fallo, obtenido por Infobae, considera que se trata de delitos de «extrema gravedad» que requieren acciones sin «dilación ni demora» para proteger a los «amplios sectores de la población civil» afectados.

Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens afirmaron que corresponde asumir la jurisdicción universal y la competencia extraterritorial de los órganos judiciales argentinos para juzgar estos crímenes. Además, ordenaron llevar a cabo todas las diligencias impulsadas por el fiscal Carlos Stornelli «con celeridad» por considerarlas «imprescindibles para contrarrestar el accionar delictivo ejecutado por las autoridades estatales del gobierno venezolano».

La decisión incluye la posibilidad de llamar a indagatoria a los imputados, entre ellos Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello, así como a todos aquellos identificados como responsables de graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Se destacó la necesidad de disponer medidas cautelares urgentes, como órdenes de captura inmediata, en caso de que se encuentren reunidos los requisitos legales.

El fallo resalta la gravedad de las afectaciones a garantías fundamentales que se ejercen desde la estructura misma del gobierno venezolano y subraya la urgencia de actuar para evitar mayores perjuicios a los derechos involucrados. En este sentido, se hace hincapié en la importancia de la jurisdicción universal y la evitación de mayores daños.

La denuncia, presentada por la Fundación de George Clooney en los tribunales argentinos, impulsó la investigación liderada por el fiscal Carlos Stornelli. Se alega que las fuerzas de seguridad venezolanas habrían cometido crímenes de lesa humanidad contra integrantes de la oposición, lo que llevó a la necesidad de asumir la protección universal de los derechos afectados.

La decisión de la Justicia argentina tiene implicaciones significativas en el escenario político regional, especialmente en un momento en el que Venezuela se prepara para unas elecciones presidenciales. La resolución enfatiza el compromiso del Estado argentino en la protección de los derechos humanos y la necesidad de investigar estos crímenes con prontitud y determinación.