La Justicia se encuentra investigando el hogar de menores Siand (Servicio Integral al Niño Desamparado) ubicado en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, tras recibir denuncias alarmantes sobre presuntos casos de maltrato y explotación infantil. El instituto ya ha sido intervenido por las autoridades provinciales, aunque hasta el momento no se han presentado imputaciones formales.

La investigación apunta principalmente a la directora del hogar, Alicia Hernández, su hermana Mirta, y otros ex empleados del lugar. Las denuncias, que se remontan al año 2019, han sido objeto de atención por parte de diversos juzgados y fiscalías del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez.

La fiscal Gabriela Urrutia, a cargo de la UFI Nº 10, está llevando adelante la causa y ha emprendido varias medidas para determinar las posibles imputaciones contra los presuntos responsables. Sin embargo, hasta el momento no se ha formalizado ninguna acusación.

La pesquisa se centra en los acontecimientos ocurridos en los últimos dos años en el hogar, con un énfasis en presuntos abusos y maltratos sufridos por los menores bajo su cuidado. Aunque la causa se maneja con hermetismo debido a la presencia de menores involucrados, la gravedad de las acusaciones ha generado amplia repercusión en medios locales y nacionales.

El caso cobró nueva relevancia a fines de febrero con la presentación de denuncias anónimas en la Comisaría de la Mujer de General Rodríguez por parte de testigos que reportaron presuntos maltratos a los menores. Estas denuncias condujeron a la intervención del hogar y a la activación de medidas de protección por parte de las autoridades competentes.

A pesar de la intervención y de los esfuerzos por parte de la fiscalía y los organismos de protección de menores, la investigación continúa en curso. Se espera que los peritajes en curso arrojen más luz sobre los presuntos abusos y que se determinen las medidas apropiadas para garantizar la protección de los menores afectados.

El caso ha puesto de manifiesto la necesidad de una vigilancia constante y una acción rápida por parte de las autoridades para salvaguardar los derechos y la seguridad de los menores en situaciones de vulnerabilidad.