Amnistía Internacional y legisladores unidos por el derecho al aborto en Tierra del Fuego

Amnistía Internacional Argentina ha resaltado la decisión tomada por la Legislatura de Tierra del Fuego, en la ciudad de Río Grande, exigiendo al gobierno fueguino que garantice el cumplimiento de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

El conflicto se originó cuando todos los médicos del servicio de ginecología del Hospital Regional de Río Grande se declararon «objetores de conciencia», lo que significa que se niegan a practicar la IVE en esa institución.

En junio, una delegación de Amnistía Internacional viajó a la provincia para realizar jornadas de concientización y solicitar a la administración del gobernador Gustavo Melella que asegurara el cumplimiento de la ley.

En respuesta a este pedido, la Legislatura aprobó por unanimidad una resolución el 12 de julio que exige al Ejecutivo la aplicación efectiva de la norma.

Amnistía destacó en un comunicado difundido en redes sociales que «La Legislatura le pidió al Ejecutivo que garantice el aborto en el Hospital de Río Grande. Aunque es ley, dicha institución, que está en la ciudad más poblada de la provincia, no lo hace por la objeción de conciencia».

Además, la entidad también resaltó la solicitud al gobierno provincial de llevar a cabo una divulgación «con información clara» sobre el contenido de la norma vigente a través de carteles, folletos y campañas masivas en todos los centros de salud.

Amnistía mencionó que el Poder Legislativo fueguino se hizo eco del reclamo por el derecho al aborto en Tierra del Fuego, respaldado por organizaciones feministas como La Hoguera, Peste Rosa y la regional sobre la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito desde 2021.

La resolución aprobada por unanimidad en la Cámara legislativa provincial también solicitó al Ministerio de Salud garantizar una campaña de comunicación para dar a conocer los alcances de la normativa nacional.

En los fundamentos de la resolución, se señaló que en Río Grande, la interrupción voluntaria del embarazo se ve impedida debido a la negativa de algunos profesionales de la salud de ampararse en la objeción de conciencia establecida en la norma.

Los legisladores reconocieron que esta situación ha llevado a mujeres con 12 semanas de gestación a ser derivadas a otros lugares, principalmente a la ciudad de Ushuaia, para poder realizarse la práctica que la ley garantiza.

El documento aprobado en sesión ordinaria enfatizó que aunque la objeción de conciencia es reconocida por la ley y permite a los profesionales abstenerse de realizar un aborto por razones religiosas o personales, esto no exime al Estado de su responsabilidad de garantizar el acceso al aborto en el marco legal establecido.