Esto implica un cambio sustancial en los planes económicos iniciales. El ajuste tributario que buscaba aplicar a sectores clave como el campo y la industria ha naufragado tras las negociaciones con la oposición y los gobernadores, generando un estancamiento en el tratamiento de la ley.

A pesar de este retroceso, un cambio impositivo crucial sigue en pie, ya que no requirió la aprobación del Congreso y representa la mayor contribución al ajuste fiscal, que busca eliminar un déficit equivalente al 6,1% del PBI en un solo año.

El equipo económico, liderado por el ministro de Economía Luis Caputo, se enfocó en ajustes en las alícuotas y alcances de diversos impuestos como parte del programa de ajuste fiscal. Aunque se asegura que estas medidas son transitorias, persisten dudas en el sector privado.

La retirada del capítulo fiscal responde a la necesidad de contar con ingresos tributarios adicionales para equilibrar las cuentas públicas, pero choca con la visión del presidente libertario, Javier Milei, que busca una baja sustancial de la presión tributaria.

El plan original implicaba un ajuste de 60-40, donde el 60% provendría de recortes en el gasto público y el 40% de reajustes tributarios. Sin embargo, la parte impositiva encontró obstáculos en el Congreso, especialmente en lo relacionado con las retenciones a las exportaciones, que finalmente fueron eliminadas del proyecto.

A pesar de las promesas de campaña de Milei de reducir la presión tributaria, el Gobierno se vio obligado a buscar ingresos a través de un aumento de impuestos inicial para poner en marcha su plan fiscal. Entre las medidas que permanecen está el aumento de la alícuota del impuesto PAIS para las importaciones, que pasó del 7,5% al 17,5%, contribuyendo significativamente al ajuste fiscal.

El escenario actual plantea desafíos para el Gobierno, que debe buscar un nuevo equilibrio en la distribución del peso entre recortes de gastos y aumentos de impuestos para alcanzar el ajuste fiscal necesario. La temporalidad de los aumentos de impuestos también genera preocupación entre los empresarios, y se proyecta una reforma integral del sistema tributario para el año 2025, siempre y cuando se cumplan los objetivos planteados en 2024.