La disputa entre el Gobierno y la CGT ha dejado un rastro de interrogantes sobre quién ha salido más perjudicado en este enfrentamiento, y si podría haberse evitado. Javier Milei, al inicio de su gestión, mostró intenciones conciliadoras con el sindicalismo, pero estos gestos se transformaron en un conflicto abierto. En medio de esta batalla, hay elementos que dejan en una posición incómoda a la Secretaría de Trabajo. Destacan las paritarias sin tope, una práctica casi inédita.
La incertidumbre crece a medida que se acerca la decisión de la CGT sobre la siguiente etapa de su plan de lucha contra Milei. La posibilidad de un paro general en marzo se debate entre los sectores más combativos y los dialoguistas. Esta elección influirá en la dinámica de la relación entre el Gobierno y la central obrera en los próximos años.
Hasta el momento, el conflicto parece haber beneficiado al sindicalismo. A pesar de las críticas recibidas por su actitud más combativa hacia el nuevo gobierno de Milei en comparación con la actitud pasiva hacia Alberto Fernández, la CGT logró suspender sus diferencias internas para enfrentar al enemigo común. Este enfrentamiento ha permitido a la CGT reconciliarse con sectores de la sociedad, como la clase media, la cultura y el «progresismo», que se sentían afectados por algunas medidas del Gobierno.
A pesar de las alianzas tácticas generadas por Milei, como la unión entre el neokirchnerista Pablo Moyano y el ex dialoguista Héctor Daer, algunos dirigentes sindicales expresan recelo hacia estos nuevos aliados. Omar Maturano de La Fraternidad señala la diversidad de la CGT y critica la idea de aliarse con diferentes sectores, incluyendo a la CTA, el Partido Obrero, y movimientos sociales.
La reforma laboral, a pesar de estar limitada y sin afectar el núcleo del poder sindical, ha quedado estancada debido a fallos judiciales favorables a los planteos de la CGT. El DNU 70, cuya inconstitucionalidad fue declarada por la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo, generó tensiones entre Milei y la CGT. Este conflicto se intensificó cuando la CGT descubrió que el DNU contradecía las promesas hechas en negociaciones secretas con Guillermo Francos.
En este contexto, la Secretaría de Trabajo, liderada por Omar Yasín, ha desempeñado un papel estratégico. El desplazamiento de Francos y la autorización para que Yasín, junto a Horacio Pitrau, negocie con la CGT, resultó en la división del sindicalismo. La astuta jugada de Yasín contribuyó al acercamiento del líder de Comercio, Armando Cavalieri, al Gobierno, al tiempo que debilitaba a la CGT.
El caso de las cuotas solidarias, que limita su cobro sin el «consentimiento explícito» de los trabajadores, fue un punto de conflicto. Cavalieri logró obtener una solución a su reclamo, generando tensiones dentro del sindicalismo y señalando la falta de coherencia en la política laboral del Gobierno.
La gestión de Yasín ha sido criticada, y su intento de designar a Mariana Hortal generó conflictos internos. La falta de un gabinete completo y la situación del «caso Pitrau» han llevado a la Secretaría de Trabajo a adoptar un perfil bajo, en un momento en que se esperaría una mayor actividad para gestionar la conflictividad sindical.
En conclusión, la pelea entre el Gobierno y la CGT ha dejado consecuencias palpables. Aunque la CGT ha logrado fortalecer su posición y reconciliarse con ciertos sectores, la Secretaría de Trabajo ha experimentado desafíos significativos y críticas por su gestión durante este enfrentamiento. El desenlace de esta disputa aún es incierto, y su impacto a largo plazo en las relaciones laborales y políticas en Argentina sigue siendo impredecible.